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Regístrate y accede a la revistaJunto con la estrategia, la institución dio a conocer en su cuenta Pública 2026, que el año pasado realizaron 20.286 acciones de fiscalización en establecimientos educacionales de las 16 regiones del país.
La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, encabezó esta jornada la Cuenta Pública Participativa 2026 de la institución, instancia en donde presentó los principales resultados de la gestión 2025 junto a la hoja de ruta que tendrán durante este año.
En su presentación, la autoridad destacó el trabajo desarrollado por la Superintendencia en materias de orientación, atención ciudadana, fiscalización y resguardo de los recursos públicos.
Asimismo, en cuanto a los principales resultados de 2025, informó que la institución recibió más de 22 mil denuncias ciudadanas, un 18% más que el año anterior, y realizó 20.286 acciones de fiscalización en establecimientos educacionales de las 16 regiones del país.
En materia de desafíos para este 2026, apuntó a la implementación del Plan de Desburocratización, agenda institucional que busca avanzar hacia una superintendencia más eficiente, disminuyendo exigencias administrativas y fortaleciendo el acompañamiento a las comunidades educativas.
Al respecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que esto tiene como foco tener ministerio “que facilite el trabajo de las comunidades educativas y que también las apoye, para que puedan concentrarse en lo más importante, que es la enseñanza y que los niños aprendan”.
“Desde la Superintendencia de Educación han acogido este llamado y hay elementos concretos que así lo demuestran. Este no es un proceso rápido ni fácil, pero vemos avances positivos que deben reforzarse y profundizarse”, explicó.
En este contexto, la Superintendencia identificó que actualmente el sistema educativo convive con 3.092 obligaciones normativas. Si bien estas regulaciones cumplen un rol fundamental en el resguardo de los derechos de estudiantes y comunidades educativas, señalan desde lasuperintendencia que su acumulación ha significado una creciente carga administrativa para sostenedores, equipos directivos y docentes.
“Queremos una Superintendencia cada vez más cercana, orientadora y eficiente, que entregue respuestas oportunas a las comunidades educativas y que facilite el cumplimiento de la normativa”, señaló. “Nuestro desafío es resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también acompañar a quienes día a día tienen la responsabilidad de educar”, señaló la superintendenta (s).
Así, la institución impulsó un proceso de revisión de sus procedimientos, criterios y regulaciones con el objetivo de simplificar trámites, eliminar duplicidades y hacer más eficiente la relación entre los establecimientos educacionales y el Estado.
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