Entre 2022 y 2026, el financiamiento destinado a gratuidad universitaria creció un 32%, mientras los recursos para educación inicial y escolar solo un 30% en una década. “Tenemos un sistema que invierte más en la etapa final del proceso formativo que en los primeros años, cuando la evidencia muestra que el impacto en el aprendizaje es mayor”, explica Arzola.

A esta disparidad se suma la falta de recursos suficientes para enfrentar los problemas de asistencia y reactivación educativa. “No hay una política sólida para abordar la deserción ni la baja asistencia postpandemia. Los programas existentes tuvieron una ejecución mínima y no están mostrando resultados significativos”, señala. Aunque las cifras mejoran levemente respecto de 2024, aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La reducción de fondos en subvenciones escolares preocupa especialmente a los colegios, que deberán asumir mayores cotizaciones previsionales por la reforma de pensiones. “Es una tormenta perfecta: más obligaciones y menos margen presupuestario”, resume Arzola.

Otro punto crítico es la sobrecarga administrativa. “Se piden más informes, más planes y más protocolos, pero no hay correlato en financiamiento ni en autonomía para gestionar los recursos. Es urgente racionalizar la burocracia y devolver tiempo a los directivos y docentes para centrarse en el aprendizaje”, enfatiza.

En paralelo, la discusión sobre el acceso a las carreras de pedagogía sigue abierta. En 2026 regirán criterios más exigentes, con un puntaje mínimo de 625 puntos, lo que podría dejar vacantes sin llenar. “El problema no es el puntaje, sino cómo aseguramos calidad en la formación. No se trata solo de cantidad, sino de contar con docentes idóneos y bien preparados”, plantea Arzola.

Los datos de la encuesta TALIS 2024 también reflejan un desafío mayor: muchos profesores jóvenes, menores de 30 años, proyectan abandonar la docencia antes de cumplir cinco años. “Tenemos una carrera que mejoró los sueldos, pero que no premia el desempeño ni reconoce a quienes trabajan en contextos más vulnerables”, dice.

Por último, la especialista advierte sobre la carga normativa que agobia a los colegios. “Las circulares y decretos exigen evidencias de cada acción y terminan deshumanizando la labor educativa”, afirma. Para ella, el desafío es claro: simplificar las normas, eliminar redundancias y confiar en la autonomía profesional.

Aun así, Arzola destaca la resiliencia del sistema: “Pese a las trabas y exigencias, los profesores siguen ahí, comprometidos con sus estudiantes. Lo urgente ahora es mejorar las condiciones para enseñar y aprender. Necesitamos menos leyes y más tiempo para el aula; menos control y más confianza. Solo así podremos reencantar a los docentes y mejorar los aprendizajes”.