El 27 de marzo de 2026, un estudiante de 18 años atacó con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama: una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas. El Gobierno reaccionó en días, acelerando el proyecto "Escuelas Protegidas" (Boletín N.° 18.156-04) y firmando convenios con Carabineros y la PDI. Siguieron un ataque con cuchillo en Renca y amenazas de tiroteo en Valparaíso y Punta Arenas. La pregunta que todo director se hace hoy es la misma: ¿tengo protocolo y respaldo legal para actuar sin exponerme?

Esa pregunta no se limita a situaciones extremas. En el día a día pueden surgir escenarios similares: un inspector encuentra algo sospechoso en una mochila y el director debe decidir, en pocos minutos, si corresponde actuar desde convivencia escolar, aplicar el reglamento interno o recurrir a Carabineros. El desafío es que hoy confluyen la reforma que crea los SLEP, el proyecto Escuelas Protegidas y los marcos vigentes de convivencia y Aula Segura. Abordar estos procesos por separado puede generar dificultades, especialmente cuando se requiere tomar decisiones rápidas y determinar con claridad qué procedimiento corresponde aplicar.

A enero de 2025 había 46 de los 70 SLEP proyectados, con 982 establecimientos y 200.000 estudiantes bajo su administración. El traspaso reordena la cadena de mando: operar con contactos y procedimientos antiguos ya es un riesgo de gestión. Lo que la reforma no resolvió es cómo articular esa nueva gobernanza con la urgencia de seguridad que instaló Calama.

El proyecto Escuelas Protegidas habilita al reglamento interno para regular la revisión de mochilas y coordinar con la policía ante indicio de delito. El punto más sensible: la negativa a una revisión puede constituir, por sí sola, indicio suficiente para activar un procedimiento policial sobre un menor. El director no tiene facultades de policía, pero su decisión puede gatillarlas. 

Cuatro puntos a tener en cuenta 

La más dura: la expulsión automática. Entre 2016 y 2024, los establecimientos con expulsiones subieron de 331 a 947 (+186%), y el abandono escolar se triplica tras una expulsión. Sin proporcionalidad, la herramienta expulsa a quienes menos recursos tienen para recuperarse. Las otras tres tensiones son igualmente urgentes. Los roles frente al proceso penal: sin distinción escrita, el personal asume funciones ajenas y la improvisación recae sobre el sostenedor. El reglamento interno frente a los derechos fundamentales: la ley habilita revisar, pero la vida privada y el interés superior del niño son límites duros que no admiten exceso. Y la coordinación entre establecimientos: al menos ocho liceos concentran alumnado expulsado de otros colegios, sin que el SLEP ni el municipio coordinen esa información entre sí.

Para los directores, el desafío está en responder de manera oportuna y adecuada ante situaciones que pueden comprometer la seguridad escolar. La clave no está en adoptar el discurso más contundente, sino en contar con protocolos claros, equipos capacitados y criterios que permitan distinguir, en pocos minutos, cuándo formar, cuándo contener, cuándo documentar y cuándo recurrir a la autoridad.