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Dic 2022 - Edición 269

La pertinencia de las especialidades técnico-profesionales

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“Existe un riesgo evidente para la libertad de educación y el derecho de los padres a elegir”

José Luis Velasco, profesor de Historia y Geografía, presidente nacional de la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH), señala que “así como ni el Estado, ni los establecimientos educacionales, ni los profesores pueden reemplazar a los padres en su rol (salvo excepciones muy contadas), estos tampoco pueden reemplazar el rol de los educadores profesionales”.

Por: Marcela Paz Muñoz
“Existe un riesgo evidente para la libertad de educación y el derecho de los padres a elegir”

La educación es un proceso largo y complejo en el que participan todos los miembros de la sociedad, partiendo por la familia, pasando por las instituciones educativas en los distintos niveles y la sociedad toda, a través de los medios de comunicación, las actuaciones de los líderes sociales y hasta cómo construimos las ciudades, explica en conversación con Revista Educar José Luis Velasco, presidente nacional de la Asociación de Educadores de Chile, ASEDUCH.

-Todo educa, para bien o para mal. Y pienso que la educación formal debe dar cuenta de la diversidad de la sociedad, de las distintas visiones de mundo o culturas, siempre encauzando sus esfuerzos hacia el desarrollo integral de cada estudiante y la construcción de una mejor sociedad. 

Para que eso sea posible –dice Velasco– es necesario que los grupos sociales puedan desarrollar proyectos educativos adecuados a esas diversas formas de ver el mundo. El rol del Estado, en este caso, es apoyarlos y darles a las familias y los jóvenes la posibilidad de estudiar en ese tipo de centros educativos de manera gratuita, es decir, darles financiamiento sin decirles qué hacer. “Jamás un Estado podrá hacerse cargo de la diversidad en su conjunto, primero, porque esta es muy amplia y dinámica, y el Estado se maneja con leyes y normas aplicadas por funcionarios que tienen que cumplirlas, es decir, son rígidas; y segundo, porque la acción del Estado suele ser homogeneizante, todo lo contrario de la diversidad misma. Por otro lado, el Estado también tiene un rol fundamental y complementario en educación: como Estado central, generando los mínimos comunes de la educación del país, tanto curriculares como normativos, y como Estado descentralizado (hoy con los Servicios Locales de Educación), gestionando proyectos educativos acordes a las realidades en las que se desenvuelven. Por eso, a mi entender, debe existir la mayor variedad posible de instituciones educativas para que se desarrollen la mayor diversidad posible de proyectos educativos”. 

-¿Crees que está en riesgo la libertad y el derecho de los padres a la educación de sus hijos?

-Dado el trabajo de la Convención Constitucional y las ideas que lo sustentan, creo que hay un riesgo evidente para la libertad de educación y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Tal vez no se concrete en esta oportunidad, pero estamos escuchando voces contrarias a estos derechos desde hace algún tiempo, y ahora están ejerciendo presión dentro y fuera de la Convención. En particular, las normas constitucionales sobre educación que aprobó el Pleno tienen una redacción ambigua que, en mi opinión, no da las garantías suficientes sobre libertad de educación y derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Si bien no usa el concepto “derecho” para referirse a estos, como sí lo hace para referirse al “derecho a la educación”, señala en el Art. 19 que “La Constitución garantiza la libertad de enseñanza”. Pero, aun así, hay una trampa en la redacción, y es la de los fines y principios de la educación, definidos en el Art. 16. Un conjunto de 24 conceptos (fines y principios) a los cuales todo el “Sistema Nacional de Educación”, todos los establecimientos del país, desde la educación parvularia a la superior, deberán ceñirse. 

Es decir –advierte José Luis Velasco–, se podrán crear y gestionar establecimientos educativos, pero deberán cumplir con los fines y principios de un modelo de sociedad que los convencionales están imponiendo, que no necesariamente son compartidos por toda la sociedad. Están creando un sistema de administradores privados de un proyecto educativo estatal.

-¿Qué debiese incluir una carta magna? 

-De verdad yo creo que una Constitución debe ser un texto mínimo, que recoja lo esencial para la vida en sociedad. Si fuera así, no es necesario detallar el enorme abanico de posibilidades y desafíos de la educación y otros tantos temas. Pero en este caso, la CC ha optado por un texto maximalista, entonces entra el pánico de que hay cosas que están quedando fuera, como si aquello que no está mencionado no fuera a existir.

En el caso de los alumnos con NEE, continúa José Luis Velasco, no es un concepto que se mencione en el articulado, pero sí se alude a que el “Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión”, así como en varias partes se menciona el desarrollo integral, la no discriminación, etc. Diversos principios que pueden ser entendidos como base para la atención de los niños y adolescentes con NEE. Lo mismo podríamos decir de los establecimientos rurales.

- Pero, una vez más, si no se establece la libertad de educación como un derecho, con un apoyo decidido y firme, tanto en lo normativo como en lo financiero, no será posible atender la gran diversidad de necesidades de los estudiantes y los establecimientos, porque el Estado, por sí solo, suele llegar tarde y de manera insuficiente.

-¿Cuál es el rol que les cabe a los padres, a tu juicio, a la hora de definir y participar en la educación de sus hijos?  

-Los padres tienen un rol ineludible e indelegable a la hora de educar a sus hijos, aunque la propuesta de nueva Constitución no lo menciona. Los que trabajamos en educación sabemos que la gran mayoría de las familias hacen ese esfuerzo, de acuerdo a sus propias convicciones y posibilidades. Pero también sabemos que no todas las familias lo logran, por educación de los padres o situaciones familiares diversas, a veces complejas, llegando incluso a la vulneración de los derechos de los niños. Sin embargo, no se debe crear un sistema educativo creyendo que la mayoría de los padres actúan mal o al menos de manera insuficiente, porque no es así. Debe ser al revés. Y los establecimientos debieran crear las estrategias de participación para que los padres y las familias se formen para ejercer los roles parentales y trabajen en equipo con los educadores profesionales. Pero hay que tener muy claro que, así como ni el Estado, ni los establecimientos educacionales, ni los profesores pueden reemplazar a los padres en su rol (salvo excepciones muy contadas), estos tampoco pueden reemplazar el rol de los educadores profesionales.  

-¿Y la educación pública? 

-Primero, tengo que hacer una distinción: la educación púbica no es lo mismo que la educación estatal. Todo establecimiento que ofrece educación de manera abierta, a cualquier postulante, es educación pública. Por tanto, a mi entender, hay establecimientos educacionales públicos de iniciativa estatal (como los municipales y de los Servicios Locales de Educación) y otros que son de iniciativa privada (como las corporaciones o fundaciones educacionales sin fines de lucro). 

Sobre la posibilidad de que la educación estatal asuma todos los desafíos en materia educativa, Velasco explica: “Por supuesto que no será capaz de hacerse cargo de todas las necesidades educativas del país y de manera urgente. Y si logra hacerlo algún día, va a tardarse mucho y lo va a hacer a un costo elevadísimo, porque como ya dije, el Estado siempre llega tarde y mal, cuando llega”. 

-Tenemos un ejemplo muy concreto: hace varios años, creo que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo un plan para la creación de un gran número de Salas Cunas y Jardines Infantiles, pero todos de iniciativa estatal, porque no dejaron participar a la sociedad civil con iniciativas particulares. El resultado fue que el plan se estancó y la meta no se cumplió, hasta el día de hoy. Y quiénes fueron los perjudicados: los niños. Ellos no pueden esperar años a que se solucionen los problemas de cupos, porque crecen, y pierden definitivamente y para siempre la oportunidad de haber recibido educación en una etapa de la vida.

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