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Sep 2021 - Edición 255

La tecnología, ¿Cambió la forma de enseñar o no?

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¿Qué opinan los expertos sobre los criterios de gratuidad?

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El Ministerio de Educación hizo circular en julio pasado el documento “Bases para una reforma al sistema nacional de educación superior”. Se planteaba, entre otras materias,  que la gratuidad se extendería a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) e institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados y sin fines de lucro. 

A los especialistas les preguntamos su opinión sobre los distintos criterios de financiamiento para los estudiantes y que se han manejado hasta ahora. ¿Es factible financiar los estudios de un alumno de una universidad privada del Cruch con tres años de acreditación, pero no los de quienes estudian en instituciones que no pertenecen al Consejo de Rectores, algunas con incluso más años de acreditación?

Pese a que  las discusiones se mantienen, las dudas persisten, según los expertos. 

Por Marcela Paz Muñoz Illanes

Aldo Valle, Rector de la Universidad de Valparaíso y Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch)

“Me parece que responde más bien al hecho de que existe un autoenredo, que deriva de no reconocer a las instituciones del Consejo de Rectores como entes que cuentan con un escrutinio social y académico histórico, que es condición razonable para que respecto de esas universidades se pudiese dar inicio a la gratuidad.  

La exigencia de la ley era estar acreditada; entonces, al colocar un número de años, se vulnera aquello.  No queda claro tampoco si se trata de todas las áreas o algunas. Esa medida, todavía en discusión,  me parece que termina confundiendo y enredando». 

 

Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile

“Me parece que los criterios de financiamiento a los estudiantes deben basarse en la vulnerabilidad del alumno y en la acreditación de la universidad, de forma independiente de a qué grupo de instituciones pertenezca.  

El adecuado uso de los recursos se puede regular por medio de leyes y normativas que no tienen que ver con condiciones del estudiante. Por esto, me parece que hacer diferencias en financiamiento o años de acreditación no corresponde, es una discriminación injustificada”.

 

Fernando Montes, Rector de la Universidad Alberto Hurtado

“Todas las universidades deberían cumplir requisitos. Pero lo importante es que la ley pareja no es dura, si es que la ley es justa. Por tanto, deben existir criterios compartidos para todos e iguales, controlados. De lo contrario, en un país democrático, si ello no ocurre, se genera malestar. 

El criterio debe ser la ayuda al más necesitado y al desvalido. No  debemos utilizar otros criterios y, por ello, debemos fijarnos en esos parámetros.  Lo que sí nos interesa es conocer cuál será el arancel, y que éste sea calculado a partir de los datos reales con los que contamos». 

 

Jaime Vatter, Rector de la Universidad Santo Tomás y Presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP).

“Creemos que se trata de una medida arbitraria que genera una odiosa situación de inequidad y discriminación entre jóvenes de la misma condición socioeconómica, por el solo hecho de elegir instituciones de educación superior distintas. Muchas de las que quedan fuera son de reconocido prestigio y trayectoria, incluso con mayores años de acreditación. Por lo mismo, si se plantea que el criterio que importa es la calidad, lo anterior resulta claramente contradictorio.  Estamos a favor de que el financiamiento se otorgue directamente a los alumnos, independiente de la institución a la cual accedan,  pero que esté acreditada».

 

Sergio Bitar, Exministro de Educación e Integrante del Consejo Consultivo de la Reforma a la Educación Superior 

“La política de financiamiento estudiantil debe apuntar a la convergencia.  La política se debe implantar a todos por igual, progresivamente. Valoro que la partida parcial sea en  el 2016. Hay muchos jóvenes que  se pueden favorecer con este proyecto;  por ejemplo, incrementando recursos para becas de manutención. 

Las universidades del Estado que no cumplen los requisitos deben ser objeto de un programa especial de apoyo,  y se deberán hacer los cambios necesarios, por duros que sean. Las estatales deben dar ejemplo y el Estado brindarles recursos para lograrlo”.

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