Modificaciones legales

Chile debe crear nuevas normas que eliminen efectivamente el lucro en la educación superior y lo regulen en la educación escolar. Un bien social estratégico para el desarrollo del país, de las familias y de los jóvenes no debe estar sujeto a disposiciones que permitan la obtención de excedentes que se desvíen a otras actividades. Las nuevas normas deben asegurar que los recursos destinados y generados en las instituciones educativas se reinviertan en educación.

Esta exigencia debe aplicarse a las universidades y extenderse a los institutos profesionales. También debe revisarse la normativa que rige para la educación primaria y secundaria particular subvencionada, a fin de establecer también que todo establecimiento educacional sea una institución sin fines de lucro.

El informe de la Cámara de Diputados de junio de 2012 sobre lucro en educación superior, y la investigación ordenada por el Ministerio Publico, permitirán precisar mejor el alcance de las prácticas de algunas universidades privadas para eludir la norma legal que establece que las universidades son instituciones sin fines de lucro. Ya existen en el Congreso varios proyectos de ley para regular adecuadamente la relación de las universidades con proveedores de servicios externos (edificios, instalaciones y servicios) y evitar la transferencia de utilidades desde la universidad a otras empresas relacionadas.

Las prioridades de entonces y las prioridades de ahora.

En ocasiones se nos pregunta por qué no se abordó este problema antes. Hace 9 años, cuando asumí el ministerio de Educación ( 2003-6), en el gobierno del presidente Lagos, las prioridades eran muy distintas, y se enfrentaron con firmeza y eficiencia, logrando importantes avances.

En educación superior nuestro esfuerzo se centró en dos materias vitales: primero, abrir las puertas a muchos jóvenes con mérito y sin recursos, para ingresar a la educación superior; y, segundo, controlar la calidad de las universidades privadas y estimular su mejoramiento.

Desde 2005 se incrementaron sustancialmente los recursos para ayudas estudiantiles y, gracias al apoyo del Estado, Chile puede contar ahora con muchos mas jóvenes provenientes de las familias pobres estudiando carreras técnicas y universitarias, Así lo revela un reciente informe del Consejo Nacional de Educación, que señala que, desde 2005, el acceso favoreció a lo menos a 400 mil jóvenes, traduciéndose en uno de los cambios más rápidos de América Latina. De ellos, más del 60% provienen de familias que no disponían de recursos para acceder y también 60% eligió carreras técnicas.

En esos años, ninguna universidad privada tenía control de calidad. El sistema de acreditación era voluntario, lo que en la práctica significaba que el país no contaba con las herramientas necesarias para fiscalizar. Ello podía generar, incluso, engaño y estafa a los estudiantes y sus familias. Se aprobó, a pesar de la cerrada oposición de parlamentarios de derecha, una ley de acreditación, obligatoria para medicinas y pedagogías y condicionante para recibir recursos públicos.

También se debe tener presenta que hace menos de 10 años no existía evaluación de los profesores. En ese período también aprobamos la ley de Evaluación Docente, y se siguió materializando de manera eficaz la Jornada Escolar Completa (JEC). La cobertura de la educación media era insuficiente y aprobamos la reforma constitucional que estableció su gratuidad y obligatoriedad. Los recursos para las escuelas mas pobres debían ser mas altos y enviamos la ley de subvención escolar preferencial, que se aprobó en 2006. Así, cada momento tiene sus prioridades.

En algunos casos, cuando tuvimos duda de anomalías en operaciones de universidades privadas que se favorecían de la ley de donaciones, aun cuando no hubo en ese periodo denuncia alguna, encargamos estudios a abogados. Ellos respondieron que se cumplía con la ley: la universidad no repartía utilidades y las inmobiliarias relacionadas pagaban sus impuestos

En consecuencia, para avanzar hacia mayor control del lucro se debe cambiar la legislación. Por ello considero importante la investigación de la Cámara sobre esta materia.

Rentabilidad regulada

La inversión futura que realicemos en educación hará la diferencia para el desarrollo de Chile. Para competir en la economía mundial es necesario reinvertir más en educación, ciencia y en tecnología. Lo mismo vale para reducir la desigualdad. En el caso de la educación escolar particular subvencionada, se trata de que los privados, que aportan en este sector, logren cumplir una función social efectiva, y reviertan en educación todos sus excedentes.

Hay personas que consideran que la actividad privada no debe ser regulada. Que el mercado regula y el Estado debe mantenerse al margen.Este enfoque, tal como lo hemos visto en otras áreas y también en otros países, no ha logrado demostrar su eficacia para garantizar calidad para todos. Otros piensan que la solución es oponerse a la educación privada regulada. Tampoco es viable.

Nuestra idea es que si un privado quiere realizar inversiones con recursos obtenidos a través de créditos o por cuenta propia, deba contar con una aprobación previa de la nueva Superintendencia, y si su inversión es necesaria y respaldada por la comunidad educativa, permitírsele una rentabilidad sobre esa inversión, que sea regulada, a diferencia de lo que sucede actualmente, que es sin límite.

Los establecimientos privados de educación escolar, a lo menos, deberían someterse a normas similares a las que rigen las tarifas de los servicios públicos gestionados por privados. Tales servicios, como el agua potable, la electricidad domiciliaria o los teléfonos están mucho más regulados en calidad y tarifas que la educación.

Adoptar una mirada integral

Organizaciones de jóvenes universitarios han hecho una contribución importante para poner en evidencia algunas fallas que existen en nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, además del lucro y de la gratuidad de la educación superior hay aspectos esenciales que requieren de una acción urgente.

La longitud de las carreras, la deserción, los aranceles de referencia son determinantes a la hora de abordar en serio el financiamiento de la educación superior. También lo es la necesidad de perfeccionar la ley de acreditación de la calidad.

Las universidades tradicionales también deben mejorar. Ser estatal o pública no es sinónimo de calidad. Las mejores instituciones públicas deben recibir nuevos recursos basales, para realizar más investigación y generar conocimiento. Además, se debe mejorar con prontitud el sistema de gobierno de estas universidades para asegurar mejor sus responsabilidad ante la comunidad que las financia Los rectores deberían ser electos no solo por la comunidad universitaria, a objeto de que rinda cuenta a toda la sociedad, y la universidad no se transforme, de facto, en una suerte de cooperativa que responde solo a los votantes, miembros de esa universidad.

También debemos avanzar más rápido en la reforma de la educación pública, con nuevos recursos y apoyo técnico, y la nueva carrera docente, y que ésta se aplique por igual a los profesores particulares subvencionados y a los de colegios municipales, para mejorar su formación y sus rentas.

Sin duda, lo más importante es un plan de formación masiva de maestros de calidad, en las escuelas de pedagogía y a quienes están en servicio. Asimismo, la educación preescolar es tan trascendente como la universitaria para dotar de calidad y acceso a todos.

La educación debe considerarse como sistema. Si nos detenemos solo en algunos aspectos, sin una mirada integral, se corre el riesgo de desviar las energías y luego decepcionarse de los resultados. Una visión global, de todas las variables y dimensiones que hoy concurren, es esencial para lograr resultados positivos para todos. Y también para darle a Chile una ventaja en el más complejo, cambiante e incierto mundo globalizado que se avecina.