El proyecto reúne distintas propuestas parlamentarias y surge a partir de la evidencia internacional sobre los efectos del uso intensivo del celular en la concentración, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los estudiantes. Según explica Rodríguez, la normativa prohíbe el uso de dispositivos tecnológicos de comunicación en toda la comunidad educativa, lo que incluye celulares, tablets, relojes inteligentes y otros aparatos con funciones similares.

Qué establece el proyecto

La restricción opera de manera diferenciada según nivel educativo:

• Educación parvularia y básica: prohibición total.
• Educación media: uso permitido solo en espacios, tiempos y condiciones definidas por cada comunidad educativa.

La ley también contempla excepciones: estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran el dispositivo como ayuda técnica; situaciones de emergencia; condiciones de salud que impliquen monitoreo; actividades curriculares o extracurriculares donde el uso esté previamente justificado; y solicitudes fundadas de padres por razones de seguridad.

Rodríguez enfatiza que este punto se ha subrayado poco: la norma también aplica a docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, quienes deberán adecuarse a los mismos criterios establecidos para los estudiantes.

Plazos y desafíos de implementación

Una vez que la ley entre en vigencia —proyectada para marzo de 2026— los colegios tendrán hasta el 30 de junio del mismo año para actualizar sus reglamentos de convivencia y definir cómo se gestionarán las excepciones, los procedimientos internos y las medidas ante incumplimientos. Esto incluye resolver aspectos logísticos como dónde se guardarán los celulares, quién se hará cargo de su custodia y cómo se actuará frente a pérdidas.

El Ministerio de Educación tendrá dos responsabilidades principales:

• Dar seguimiento hasta 2030 al impacto de la medida en aspectos como atención, aprendizaje y convivencia escolar.
• Ofrecer orientaciones y formación para apoyar la implementación en los establecimientos.

Educación digital vs. prohibición

Si bien el proyecto busca reducir la exposición y mitigar sus efectos negativos, Rodríguez advierte que la prohibición no resolverá por sí sola el problema, pues el uso intensivo ocurre también fuera de la escuela. Además, plantea que la ley tensiona los esfuerzos recientes por incorporar tecnologías —incluida la inteligencia artificial— como apoyo al trabajo docente.

“Es un desafío complejo”, afirma. “Los estudiantes y los profesores deberán desaprender prácticas muy instaladas. Y aunque la intención es promover un uso responsable y seguro, la implementación no será sencilla”.

Lo que viene

El experto señala que será clave observar cómo los colegios equilibran la nueva regulación con la necesidad de formar ciudadanos capaces de usar la tecnología de manera autónoma y crítica. También destaca que la ley contempla un periodo de cuatro años para evaluar ajustes, según lo que muestre la evidencia en su aplicación real.

El pódcast cierra con una invitación a retomar la conversación en marzo de 2026, cuando ya se cuente con las primeras experiencias de implementación en los establecimientos del país.