Tras semanas de debate iniciado por graves hechos de violencia en establecimientos educacionales, ayer el Congreso aprobó y despachó el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que permitirá a los colegios revisar las mochilas de los estudiantes, solicitarles mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos, entre otras facultades.

Por 105 votos a favor y 46 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó la mayor parte de las modificaciones incorporadas por el Senado. Entre los cambios aprobados, se estableció que las revisiones de bolsos deberán realizarse en un lugar privado, con al menos dos adultos presentes y dejando constancia escrita del procedimiento. Asimismo, se incorporó la facultad de solicitar a los estudiantes mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos, sin contacto físico.

La aprobación de la iniciativa se produce en un escenario de tensión estudiantil que no cesa: ayer, el Instituto Nacional volvió a ser tomado y posteriormente fue desalojado por Carabineros, mientras que para hoy la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una jornada nacional de paro y movilización en rechazo a Escuelas Protegidas y a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia educacional.

La discusión estuvo marcada por la presentación de tres reservas de constitucionalidad por parte de diputados de oposición (PS y PPD). Esto abre la puerta a que dichas disposiciones puedan ser objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional más tarde.

RATIFICACIÓN

Con 105 votos a favor y 46 en contra, los diputados aprobaron los cambios del Senado.

Dos de las reservas apuntaron a la facultad de solicitar a los estudiantes mostrar o vaciar sus bolsillos, mientras que una tercera cuestionó la norma que establece la pérdida de gratuidad para alumnos condenados por determinados delitos.

Tras el despacho, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que “la idea es que los colegios puedan implementar esto cuanto antes y poder disponer de las herramientas que les permitan hacer frente a hechos de violencia, delitos, que hoy día les están impidiendo estar en un entorno seguro, como debe ser para poder tener las condiciones para generar los aprendizajes”.

El presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), manifestó que “estamos en un momento relevante para nuestra sociedad. Cuando este proyecto sea publicado como ley de la República, se transformará en el primer cambio cultural para Chile. Vamos a pasar de años de una política del buenismo y un tratamiento con amor a los delincuentes, a tratarlos como se merecen: criminales cobardes que se esconden detrás de una capucha para ocultar su rostro. Esta cultura con este proyecto se acaba”.

En tanto, Emilia Schneider (FA) sostuvo que “la ministra no escuchó y no quiso dialogar con nosotros. Quisieron tramitar este proyecto a tontas y a locas, establecer controles intrusivos sin ningún tipo de límite, abriendo la puerta a abusos y excesos, no contra cualquier persona, sino contra niños (…) y jóvenes”.

Aula Segura, la otra reforma que busca abordar problemas

Durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en diciembre de 2018, se promulgó la Ley 21.128, conocida como Aula Segura. Fue aprobada luego de graves casos de encapuchados en liceos de Santiago, con el objetivo de fortalecer las facultades de los directores en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia.

La norma contempla que los actos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquier miembro de una comunidad educativa serán considerados como eventos “que afectan gravemente la convivencia escolar”, y que las sanciones pueden aplicarse tanto a estudiantes, profesores, padres y apoderados, entre otros.

Dentro de esos actos violentos están el “uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios”, en busca de agilizar las sanciones a los vándalos que causan incidentes.

En más de siete años de aplicación, la norma ha generado discrepancias, con sectores de izquierda que se han negado a aplicarla. Cuando la diputada comunista Irací Hassler fue alcaldesa de Santiago (2021-2024), directores de liceos denunciaron que la municipalidad —entonces sostenedor— les solicitó no aplicar la ley.

En su programa para la alcaldía, propuso el “fin de la política Aula Segura y criminalización a los estudiantes”, y en su gestión optó por ocupar los reglamentos internos de los liceos para concretar expulsiones.

Fuente: El Mercurio.