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Sep 2020 - Edición 244

Tecnologías ¿De enemigas a aliadas?

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El debate se enciende en la educación técnica profesional

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Frente a las críticas, la actual secretaria ejecutiva, Marcela Arellano, responde: “Los CFT estatales son una necesidad que permite aumentar la oferta de técnicos que Chile requiere, y si bien en la primera fase nacen autónomos, están obligados por ley a acreditarse al sexto año de funcionamiento”.

Sobre la exclusión de los CFT e IP en la Ley de Gratuidad: “En un primer momento, sí estaban incluidos, pero al ingresar un requerimiento al Tribunal Constitucional, quedaron fuera. Esperamos que se incorporen en el 2017”. 

Por Marcela Paz Muñoz I.

No faltan propuestas que desde diversos ámbitos  apuntan a corregir y remediar los descuidos  históricos con  la educación técnica. Un sector de gran importancia; 44,7% de los alumnos de tercero y cuarto medio; sobre 50% de los de educación técnica superior. No obstante sigue siendo un sector olvidado. Un ejemplo reciente: la reforma educacional en marcha excluyó a los CFT e IP en la ley corta de gratuidad.

Sobre ese tema, le preguntamos a la actual secretaria ejecutiva de Educación Técnica Profesional del Ministerio de Educación, Marcela Arellano. Ella, sin titubear, dijo: “Hemos venido desde el 2015 trabajando una hoja de ruta que incluye una política nacional de ETP, que va a ser el primer instrumento y documento del área, que elaboramos en conjunto con expertos nacionales e internacionales”.

Cuenta que en paralelo gestionaron con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo que permitirá financiar acciones prioritarias de la agenda hasta el 2018 respecto de la ETP. “Se trata de 90 millones de dólares destinados a solventar acciones, como la evaluación de los aprendizajes de la EMTP”, dice Arellano.  

Una buena noticia es, aseguran en el Mineduc, que a partir del próximo año se incorporan los profesores técnicos a la nueva carrera docente. “Van a existir programas de formación y perfeccionamiento para ellos, respecto de estándares de desempeño y de instrumentos de  portafolios.  A ello se suma el hecho que, para 2020, la Agencia de Calidad de la Educación anunció la evaluación de los aprendizajes de las competencias transversales y más genéricas, pilares clave para la transición de la educación al mundo del trabajo”.

Pese a esos anuncios, explica Alejandro Weinstein, ex secretario ejecutivo de Formación Técnico-Profesional del Ministerio de Educación, miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y gerente de la Corporación Educacional Asimet, “en el discurso formal se menciona que es importante fortalecer la educación técnica, pero al final priman otros criterios. Se dan señales contrarias, como excluir de la gratuidad a los CFT e IP”. 

A ello, la secretaria ejecutiva de ETP responde: “En la propuesta original que se envió sobre gratuidad sí estaban incluidos los CFT e IP. Pero, desgraciadamente, la discusión en el Parlamento terminó en el Tribunal Constitucional, desvirtuándose la propuesta del Ejecutivo. Ello explica por qué no se logró la cobertura de gratuidad que se había anunciado”. 

Pese a lo ocurrido, “nuestra voluntad es que se sumen durante el 2017, nuevamente por glosa presupuestaria, aquellos CFT e IP que estén acreditados sin fines de lucro. Para ello estamos tramitando en el Congreso un proyecto de ley que va a permitir que voluntariamente instituciones conformadas como personas jurídicas privadas, se transformen en entidades sin fines de lucro. Lo que garantizamos es que de esa forma, puedan hacer esta transición sin perder el reconocimiento, licenciamiento, autonomía y la acreditación que ya tienen”, dice Marcela Arellano.

Aun así, señala Weinstein, en el resto de los grandes proyectos de educación —como la nueva política docente, la desmunicipalización o la reforma al sistema de acreditación superior— tampoco se consideran las particularidades de la educación técnica. “Cada una de esas iniciativas está pensada para la educación científico-humanista y universitaria”. 

En esa línea, coincide el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, “las reformas en trámite tienen como objetivo declarado modificar las estructuras del sistema educacional, adecuándolo a una manera distinta de entender la sociedad, que se aparta de las ideas de diversidad, autonomía y libertad que han caracterizado a Chile y que han permitido su actual nivel de desarrollo. En ese sentido, lamentablemente, no llama la atención la ausencia de propuestas que apunten a mejoras concretas del sistema educacional, siendo el mundo técnico un ejemplo de ello”.  

Nadie discute acerca de la importancia de la educación técnica. No solo por el número de alumnos que recibe, sino por las oportunidades que ofrece para esos jóvenes y por su impacto en la productividad del país.  “Los estudiantes del sector técnico profesional han sido discriminados por las reformas en curso, y las instituciones que los reciben deben continuar sus proyectos bajo un manto de incertidumbre que es inapropiado para su mejor desarrollo”, dice Raúl Figueroa.

Una de las principales críticas al actual sistema se refiere al hecho de que se ha trabajado solamente sobre la base de instrumentos  y mecanismos, “y no de una hoja de ruta clara. Aquello es lamentable porque estamos desaprovechando una oportunidad única, hay generaciones completas que se van a perder. Se debió aprovechar este impulso político de priorizar la educación para hacer inversiones e innovaciones que de verdad generaran cambios en la calidad. Sin embargo, es muy difícil decir que alguno de los cambios que se han hecho modificará drásticamente la calidad del sistema; en lugar de ello, estamos seguros de que sí se alterarán las estructuras”, explican desde Acción Educar.

«Mi impresión —dice Raúl Figueroa—  es que existen objetivos claros, pero difieren de lo que el sistema educacional necesita. Las reformas que se están impulsando tienen mucho más relación con una manera de comprender la sociedad que con mejoras en la calidad de la educación; lo complejo es que los cambios estructurales que se proponen alteran elementos esenciales que han permitido el desarrollo de nuestro sistema educacional y, por otro lado, es posible que generen efectos contrarios a los que se buscan. Por ejemplo, el cambio del sistema de capitalización desde los subsidios a la demanda al financiamiento directo a las instituciones hace depender de la situación financiera del Estado el desarrollo de ellas, arriesgando su calidad, y por otro lado implica limitar las posibilidades de elección de los jóvenes de menores recursos”.

Entonces, ¿falta de visión de largo plazo? Señala Weinstein que, más que una carencia de visión, se trata de “una mínima vinculación con los sectores productivos. A gran parte del sector formador le da lo mismo lo que las empresas necesitan; o quizás les importe, pero pueden hacer poco al respecto. Algunas instituciones tienen pocas capacidades y recursos para reconvertirse. Y, por último, también hay un problema donde las instituciones tienen un incentivo perverso para captar alumnos; por lo cual, a veces, se ofrece más lo que ellos quieren que lo que el país necesita”.

Los 15 CFT estatales, ¿una utopía?

Asegura la secretaria ejecutiva de Educación Técnica del Mineduc que “la carencia de técnicos en nuestro país es enorme. Por ello, me parece que incorporar otros proveedores al sistema, y de calidad, solamente permite mejorar y fortalecer la educación técnica”.

Señalan en el Mineduc haber planteado un sistema mixto, con una educación pública técnica fortalecida. “En la ETP no hay proveedores públicos y, por ello, no vemos que seamos una competencia para el sector privado. Por ejemplo, para definir la oferta y el emplazamiento de los CFT estatales conformamos mesas tripartitas de trabajo”. 

Por eso, explica Arellano, “los CFT estatales no van a tener oferta en todas las regiones y, asimismo, están obligados por ley a vincularse con las áreas estratégicas de desarrollo de la región donde están insertos. Además, en alguno de sus órganos colegiados deben estar representantes de las empresas vinculados al sector productivo donde se van a insertar, también del Estado. Así va a existir una vinculación en la estructura. Aquello es muy interesante como modelo de desarrollo.  Por ejemplo, en la Región de Coquimbo, el área de desarrollo es el turismo, la minería y la energía. Hemos realizado un estudio particular para cada caso”.       

Sobre la creación de los CFT  estatales, las opiniones están divididas. Asegura Weinstein que la idea no es necesariamente mala. “El Estado puede dar una educación técnica donde el privado no lo hace o donde quiere potenciar un cierto ‘proyecto país’; sin embargo, creo que se ha hecho de muy mala manera”. 

Considera Raúl Figueroa que la creación de los nuevos CFT estatales será una política muy poco efectiva para los objetivos que se supone busca. “El hecho de que estos nuevos centros se desarrollen al alero de una universidad del Estado es muy poco conveniente, considerando que la cultura universitaria difiere absolutamente de lo que se espera de un centro de formación técnica. Asimismo, llama la atención que a estas nuevas instituciones se les reconozca de inmediato su autonomía, eximiéndolas del proceso de licenciamiento que apunta a velar por proyectos de calidad”. 

Respecto al hecho de que esos CFT vayan a ser autónomos, Marcela Arellano explica: “En primer lugar, la ley lo autoriza. El Estado puede crearlos de esa manera, sin que sea necesario que pasen por el proceso de licenciamiento. De hecho, así fue en el caso de las universidades de O’Higgins y de Aysén y a nadie le llamó la atención”. 

Pero, además, es necesario señalar que los CFT no parten de inmediato: “Se trata de un proceso gradual que les permite vincularse con la universidad del Estado en la región donde se ubiquen. A ello se suma que vamos a contar con un proceso de supervigilancia del Consejo Nacional de Educación en todo este proceso”. 

Asimismo, apunta Arellano, “los CFT estatales por obligación deben acreditarse de aquí a seis años más. Actualmente, se acreditan voluntariamente. Si bien existe un proceso riguroso diseñado para dar garantías, nacen autónomos en la primera fase, pero el año seis están obligados a acreditarse”.  

“Hemos diseñado un modelo que no solamente busca enseñar carreras técnicas, sino que además oficios, y por ello creemos necesario que se inicien con una matrícula no superior a  1.500 alumnos por sede”, indica Marcela Arellano.

En esa misma línea, advierte Weinstein que no se ha querido transparentar que ya existían los CFT estatales. “De hecho, el Presidente Lagos los creó hace más de 10 años al alero de las universidades del CRUCh, y el resultado en general no ha sido bueno. Es necesario señalar que, por ejemplo, el año 2015 el CFT de la Universidad de Atacama no fue acreditado por la CNA por su mala calidad (decisión en la cual me tocó participar)”. 

En ese caso, lo que se debió haber hecho fue mejorar lo que ya existía. “En vez de prometer crear alternativas nuevas, dejemos a los existentes al más altísimo nivel. Habría sido mucho más barato y se habrían validado ante la ciudadanía. Es una pésima idea crear estos CFT bajo la tutela de las universidades del Estado (relación que ni siquiera está muy clara), y lamentablemente la ubicación del emplazamiento de estos CFT ha sido fruto de una pelea de poder político de los distintos caciques regionales y no la deliberación de dónde realmente se necesitaba”, explica el exsecretario ejecutivo de Educación Técnica del Mineduc.

Lo más grave —asegura Alejandro Weinstein— es que, a pesar de lo que se ha postulado, estos CFT nacen con casi nula vinculación con el sector productivo. “Esto es lo más grave. El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet mencionaba la creación de un consejo productivo regional, lo que se debió hacer antes y dejar a su cargo estos CFT”. 

Los cambios necesarios 

A nivel de educación técnica, a juicio de Alejandro Weinstein, existen dos temas por resolver. “El primero es que más de la mitad de las instituciones no se han presentado a la acreditación. Aunque estas instituciones concentran un bajo porcentaje de la matrícula a nivel nacional, hay un tema pendiente sobre cómo son las exigencias de acreditación para las grandes instituciones y para los CFT más chicos”. 

Explica que la acreditación tiene un costo relevante en recursos financieros y humanos para instituciones de poca matrícula, en algún momento hubo fondos públicos para promover la acreditación pero ya no están vigentes. “Por otro lado, y relacionado con esto, todavía quedan ciertos resabios en  el sistema donde cuesta evaluar a un CFT sin el parámetro de las universidades tradicionales. Si bien se ha avanzado al respecto, quedan algunos elementos o consideraciones a nivel cultural que no dejan de mirar a los CFT como pequeñas o malas universidades, y no como instituciones con fines y métodos distintos”, dice Weinstein.

En esa misma línea, señala Raúl Figueroa que es urgente y vital admitir que la planificación de las carreras a nivel central es imposible. Lo que se requiere es potenciar los mecanismos de información que permitan a los jóvenes optar por carreras técnicas que se adecuen a sus intereses y les otorguen proyecciones laborales razonables. En el mismo sentido, la relación entre las instituciones de educación y el sector productivo es fundamental, en cuanto a adaptar la oferta a las necesidades del país, lo que exige un sistema dinámico que facilite ese proceso y asegure diversidad de proyectos. 

De Acción Educar señalan que se requiere un sistema de aseguramiento de la calidad que, por una parte, entregue independencia a quienes tienen a su cargo la acreditación, tanto respecto de las instituciones como del Estado. “Asimismo, debe ser coherente con la diversidad de proyectos existentes y la autonomía de las instituciones para llevarlos a cabo, poniendo su principal foco en identificar las características de cada proyecto y asegurar que las instituciones tengan los medios para cumplirlo. Por último, es importante que la acreditación otorgue información útil y fácil de comprender para los estudiantes y profesores”.  

¿Dónde estarán los nuevos CFT?

Región de Tarapacá: Alto Hospicio.
Región de Antofagasta: Calama.
Región de Coquimbo: Ovalle.
Región de Valparaíso: San Antonio.
Región del Maule: Linares.
Región de la Araucanía: Lautaro y Angol.
Región de los Ríos: La Unión.
Región de los Lagos: Llanquihue.
Región de Magallanes: Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Región Metropolitana: Peñalolén.

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