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Nov 2020 - Edición 246

Deserción escolar, todavía estamos a tiempo

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Antes y después de la Carrera Docente

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Se trata de un hito fundamental en la valoración de nuestros profesores. Para algunos expertos es un proyecto perfectible, y para otros, en lugar de modernizar la normativa que rige al sector municipal, se ratificó la lógica del Estatuto Docente, y se extendieron ciertas rigideces.

Desglosamos el proyecto y revisamos uno a uno el tema de las remuneraciones, horas lectivas, formación inicial y evaluación docente junto a un destacado grupo de expertos. 

Por Marcela Paz Muñoz Illanes

La respuesta es clara y tajante: “Con la carrera docente existe un antes y un después en el trato hacia los maestros y el reconocimiento de su profesión”, dice la académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) Andrea Ruffinelli.  

Se trata de una pieza fundamental para la mejora del sistema educativo, pues aborda el factor que más incide dentro de las escuelas en los aprendizajes de los niños y jóvenes: los profesores. “Chile está dando un gran paso al reconocer la significativa labor que realizan los miles de educadores del país, mejorando sus condiciones de enseñanza y su formación”, dice convencido  Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar.

Tuvieron que pasar años para que una profesión estratégica fuese regulada y mejorada.  “Ciertamente, se trata de un proyecto perfectible, pero es indudable que en el estado actual crea un escenario completamente distinto al que hemos conocido, y por tanto augura positivos y progresivos cambios”, afirma la académica de la UAH. 

¿Por qué? El hecho de que por primera vez se sistematiza el acceso a carreras pedagógicas, es un hito histórico, que si bien no apuesta aún por el acceso de solo los mejores, no permitirá que cualquier postulante estudie pedagogía. “Todos tenemos derecho a educación, pero ser profesor no es un derecho. Es cierto que la nueva ley no contempla la regulación de la oferta de programas de formación pedagógica, y esperamos avanzar a ello; sin embargo, sí señala la exigencia de indicadores de calidad a los programas, que sin duda deberán ser mejorados, pero que marcan un hito en términos de una regulación que había sido histórica y totalmente omitida, amparada en la autonomía universitaria”, dice Andrea Ruffinelli.

Coincide con ello, Hernán Hochschild, quien explica que “uno de los beneficios más importantes es que se establecen más y mejores estándares para la formación de profesores a través de la acreditación, y se hace más selectivo el ingreso a los programas de pedagogía, exigiendo que los postulantes provengan del decil superior de ubicación en el ranking escolar o del tercio más alto de desempeño en las pruebas de acceso universitaria. Esto implica afirmar que no cualquiera puede formar profesores y no cualquiera puede ser profesor; dado que es una profesión compleja, que requiere una formación de excelencia y postulantes con vocación y grandes aptitudes”. 

Pero la investigadora y experta del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) María Paz Arzola no está para nada satisfecha con el proyecto. “Me parece que, en lugar de modernizar la normativa que rige al sector municipal, lo que se hizo fue ratificar la lógica del Estatuto Docente, y se extendieron ciertas rigideces al sector particular subvencionado”. 

Pese a ello, dice, existen algunos aspectos rescatables. “Como el hecho de que se haya creado un proceso de inducción que, en el caso de los establecimientos de buen desempeño según la clasificación de la Agencia de la Calidad, será administrado por la misma escuela. Tal como reporta la evidencia, este tipo de programas, cuando están bien pensados, tienen el potencial de impactar positivamente en la adaptación y desempeño no solo inmediato, sino también de largo plazo del docente”, sostiene Arzola.

¿Nuevas exigencias?  

La ley también contempla condiciones para el acceso y ejercicio de la profesión, garantizadas por ley. “Es un logro innegable el hecho que baste el título profesional y ganar un concurso público para acceder a la profesión. Esta condición nos permite poner el foco en la calidad de las carreras, antes que en la rendición de cuentas al finalizar los estudios; así, permite responsabilizar al Estado por el funcionamiento de las carreras de pedagogía y a las casas de estudio por sus resultados”, indica la académica de la UAH. 

Otro de los puntos en discusión fue el hecho de que, explica M. Paz Arzola, finalmente se estableció que en términos generales podrán ejercer la docencia quienes tengan título de profesor, pero se mantienen las excepciones para profesionales de otras carreras que estén habilitados o autorizados. “Todos ellos deberán incorporarse a la nueva carrera docente, lo que significa someterse a la evaluación  y a lo que ésta disponga. De esta forma, más que el título de profesor, será la evaluación docente la que ‘habilitará’ a quienes quieran ejercer la docencia. Más allá de las dudas que tengo respecto a la eficacia de la evaluación dispuesta en esta ley, como concepto me parece bien que se siga permitiendo que puedan ejercer la docencia profesionales de carreras afines que quieran colaborar en educación, y que se les juzgue por su desempeño más que por si su título profesional es o no de profesor”.

Sobre ese punto, el director de Elige Educar explica que “entendemos las excepciones por las cuales a veces se buscan profesionales sin título pedagógico, pero consideramos que siempre será mejor que los profesores cuenten con un título, que cumplan con los requisitos para su ejercicio profesional, más aún con las nuevas exigencias de la carrera. Por eso, resguardar el aula a los que demuestren realmente que entregan oportunidades de aprendizaje debe ser un objetivo estratégico de toda política docente”.

Mejores sueldos  

Sobre la mayor remuneración, la investigadora de LyD señala que, sin duda, es una buena noticia que el sistema reconozca y entregue un mayor sueldo a los docentes de buen desempeño que decidan ejercer en contextos de alta vulnerabilidad, que es precisamente donde más se les necesita. “Ahora bien, el monto de esta asignación dependerá en gran medida de los años de antigüedad del docente, y por ello será bastante baja para quienes recién comienzan su ejercicio profesional. De esta forma, es posible que sea insuficiente para atraer a jóvenes de buen desempeño durante sus primeros años. Esta asignación bien podría complementarse con otros beneficios no monetarios, como una mayor flexibilidad y poder de decisión, de tal forma que se vuelva algo realmente atractivo para los profesores con mayores capacidades que quieran asumir mayores desafíos y responsabilidades”.

En ese sentido, Ruffinelli es clara: “Ahora existirá un incremento significativo de remuneraciones al inicio, que permitiría hacer más atractiva la profesión, y avanzar en el aumento gradual de las exigencias de entrada a carreras pedagógicas, así como en la revalorización social de la docencia. Tenemos una carrera, una proyección de ascenso que estimula la permanencia en la sala de clases, y contamos con un sistema de inducción que entiende que la formación no termina en la universidad, que muchos aprendizajes se construyen en la práctica, y que esa práctica requiere ser reflexionada y mediada junto a otro docente con más experiencia. Se garantiza por primera vez el derecho al acompañamiento en la construcción de la profesión”.

Por ello, asegura M. Paz Arzola, lo que el proyecto pretende es que, a través de la evaluación docente, se reconozca a los buenos profesores y se les otorgue una mayor remuneración. “Sin embargo, al estar la valoración centralizada en el Ministerio de Educación, consideramos que difícilmente será capaz de identificar a los docentes que tienen un buen desempeño en la sala de clases y que impactan positivamente en sus alumnos. Si bien en el contexto del Estatuto Docente este es un avance, en la medida que se podrá entrelazar la remuneración a algún indicador de calidad, preferiría que fuéramos todavía más lejos, empoderando a los equipos directivos e incorporando, por ejemplo, elementos descentralizadores a la evaluación, de tal forma de reconocer las conductas que resultan ser efectivas y que permiten mejorar la calidad de los docentes en cada rincón del país”.

En esa misma línea, el proyecto busca incluir mejoras de vulnerabilidad, por lo cual la subvención escolar por niño se logró subir de $42 mil a $102 mil. “Fomentar la labor en alta complejidad es quizás el mecanismo de política pública más potente que tenemos para la equidad. Por eso, valoramos esta asignación que se crea y el aumento de su monto que tuvo en el Senado. Pero ciertamente no es suficiente, porque la remuneración es solo uno de los factores en juego. Seguir avanzando con este propósito es imprescindible para nuestro sistema educativo”, dice Hochschild.  

Formación inicial 

Lo que la nueva ley señala es que, por un lado, se establecen nuevas exigencias de acreditación para las universidades que ofrezcan Pedagogía, pero además se elevan las barreras de entrada para los alumnos que quieran ingresar a ella. “En forma gradual se irá demandando un mayor puntaje PSU y notas de enseñanza media para ingresar. Si bien la evidencia no es concluyente a la hora de relacionar ese tipo de indicadores al potencial desempeño del futuro docente, me parece que en el caso de nuestro país, en que hay un exceso de profesores en formación, sí puede contribuir con lograr una mayor selectividad al inicio”, indica Arzola.

Horas lectivas vs. no lectivas 

Pese a que se trataba de uno de los augurios más promisorios, “la reducción de horas lectivas desgraciadamente se trata de uno de los avances menos significativos en los términos que se propone en la ley. Un incremento del 5% es exiguo, y no tiene posibilidades de mostrar cambios considerables en la práctica. Se trata de una política más bien simbólica, que podría tener mayor impacto en entornos con mayor atención de estudiantes vulnerables, quienes podrán ampliar de manera más significativa esa proporción, llegando al 40%”, explica Arzola. 

Asimismo, asegura la investigadora de LyD, es importante que se mejore el uso de las horas de aula, “pues actualmente existe una baja eficiencia en términos del tiempo efectivo de clases, en la medida que se pierde mucho tiempo en prácticas como poner orden y pasar lista». 

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