Hace apenas unas semanas, tener 14 años y una cuenta de Instagram era, en Francia, algo completamente normal. Hoy ya no lo es. 

El 21 de julio, el Parlamento francés aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea en tomar una medida de este tipo. La norma entra en vigencia el 1 de septiembre: desde esa fecha, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en las plataformas afectadas. 

Y aunque suene a noticia lejana, no lo es tanto: Francia se sumó a una ola que ya lleva más de un año creciendo, y que probablemente llegue —de una forma u otra— a las escuelas chilenas antes de lo que pensamos. 

No es solo Francia 

Australia fue el primer país en abrir esta puerta, prohibiendo el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Poco después llegó Indonesia, con la misma restricción etaria, afectando a cerca de 70 millones de niños y adolescentes. 

Desde entonces, el ritmo se aceleró: Turquía aprobó su propia ley en abril de este año, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido anunciaron medidas similares en junio, y España evalúa actualmente una prohibición equivalente. En menos de cinco meses, el mapa global de la regulación digital infantil cambió por completo. 

La pregunta que motiva estas leyes es siempre la misma: ¿cómo protegemos a los adolescentes de riesgos como el ciberacoso, los algoritmos diseñados para capturar su atención, los trastornos del sueño y el deterioro de salud mental asociado a la comparación social constante? 

Latinoamérica también se mueve 

En México, la llamada Ley Kuri —aprobada en Querétaro— regula el uso de smartphones dentro de los colegios y visibiliza los riesgos de la exposición temprana a plataformas digitales. Su implementación ya inspiró a otras regiones del país a evaluar medidas similares. 

En Chile, el camino ha sido distinto pero apunta en la misma dirección: la reciente normativa conocida como «aulas libres de pantallas» prohíbe el uso de dispositivos móviles desde la etapa parvularia hasta la enseñanza media durante la jornada escolar. No es, todavía, una restricción al acceso a redes sociales como la francesa —eso sigue en discusión en el Congreso—, pero instaló con fuerza el mismo debate: ¿hasta qué punto la ley debe intervenir en la relación de los niños con la tecnología? 

El desafío que nadie menciona en los titulares 

Aprobar una ley es solo el primer paso. Implementarla es otra historia. 

Los sistemas de verificación de edad deben diseñarse con cuidado para no vulnerar la privacidad ni la protección de datos de los propios menores. Y existe un riesgo que parece contradictorio: si las restricciones son demasiado rígidas, los adolescentes simplemente migran hacia plataformas alternativas, mucho menos reguladas —y ahí el riesgo, en lugar de reducirse, puede aumentar. 

¿Prohibir realmente mejora el bienestar adolescente? 

Acá la evidencia obliga a matizar. 

La relación entre el uso de tecnología y la salud mental adolescente no es una línea recta de causa y efecto. Diversos especialistas coinciden en que el daño no proviene de la tecnología en sí misma —eso es, en gran parte, un mito—, sino de patrones específicos de uso: el diseño de las aplicaciones (pensado deliberadamente para no soltarte, con mecánicas como el scroll infinito) y, sobre todo, lo que ese tiempo de pantalla termina reemplazando. 

Menos horas de sueño. Menos actividad física. Menos interacción social presencial. Ahí es donde realmente se juega el bienestar emocional de un adolescente, mucho más que en el simple hecho de tener o no una cuenta de Instagram. 

Prohibir el acceso sí reduce, de forma inmediata, la exposición a contenido dañino. Eso nadie lo discute. Pero un veto, por sí solo, no construye juicio crítico ni capacidad de autorregulación. Y esas dos cosas son, justamente, las que un adolescente va a necesitar toda su vida —con o sin ley de por medio. 

Entonces, ¿qué le toca a los colegios? 

Esta es, quizás, la pregunta más importante de todo este debate. 

Mientras las leyes fijan barreras de entrada, es la escuela —junto con la familia— la que construye los cimientos reales de la ciudadanía digital. Aislar completamente a un adolescente de la tecnología no es realista ni deseable: lo privaría de herramientas y competencias que va a necesitar en su vida adulta. 

Lo que sí tiene sentido es postergar el acceso específico a las redes sociales hasta que exista la madurez para usarlas con criterio. Y ahí, el rol de las aulas no es prohibir, sino formar: enseñar a detectar la desinformación, a entender cómo las plataformas monetizan la atención de sus usuarios, y a recuperar —dentro y fuera del aula— espacios reales de convivencia presencial. 

Esa tarea no la puede hacer la escuela sola. Exige una alianza genuina con las familias, para que la casa y el colegio hablen el mismo idioma frente a la tecnología. 

Ninguna ley, por más avanzada que sea, va a transformar por sí sola la cultura digital de una generación. La restricción sólo tiene sentido si abre la puerta a algo más grande: un proceso educativo real, cuyo objetivo no sea alejar a los jóvenes de la tecnología, sino darles la autonomía y el criterio para moverse en ella con seguridad. 

Red Preventiva