Soledad Garcés explica que, aunque la ley contempla cinco excepciones —como emergencias, necesidades educativas especiales o usos curriculares—, su correcta implementación requiere normas estrictas. La evidencia internacional muestra que cuando estas regulaciones se aplican de manera flexible, no solo pierden eficacia, sino que pueden aumentar el uso de pantallas y los problemas de salud socioemocional.

Uno de los puntos más debatidos es el uso del celular con fines pedagógicos. Según Garcés, los estudios indican que los dispositivos móviles individuales no mejoran el aprendizaje y pueden generar distracciones o exponer a los estudiantes a contenidos inapropiados si existe acceso abierto a internet. Por ello, recomienda que las comunidades educativas evalúen críticamente cuándo y cómo utilizar estas herramientas.

Las excepciones por salud —por ejemplo, tablets para comunicación en estudiantes no verbales o teléfonos utilizados como medidores de glucosa— requieren acuerdos de buen uso. También advierte sobre certificados médicos que justifican el teléfono para manejar la ansiedad, enfatizando que estos casos deben ser acompañados por profesionales dentro del colegio, no mediante dispositivos personales.

En cuanto al personal docente, reconoce que los profesores necesitan su teléfono como herramienta laboral, pero propone regular su uso mediante elementos visibles para los estudiantes, evitando malentendidos.

Para Soledad Garcés, el mayor desafío será modificar una conducta altamente placentera y adictiva asociada al uso del celular. A diferencia de otros cambios normativos, como el cinturón de seguridad, aquí no se trata solo de instalar un hábito, sino de transformar un comportamiento que activa mecanismos de recompensa.

El trabajo con las familias

En cuanto al rol de las familias, señala que, aunque el celular esté regulado en el colegio, su uso continúa en los hogares. En otros países, los padres firman anualmente compromisos para acatar las normas escolares e incluso se regulan permisos y ausencias. En su opinión, Chile avanzará hacia leyes que también incluyan a empresas tecnológicas y mayor responsabilidad parental.

Finalmente, recomienda a los colegios contar con un reglamento claro, simple y bien socializado, elaborado con asesoría jurídica y acompañado de una estrategia de implementación consistente. Una normativa que no se cumple, advierte, debilita la autoridad escolar.

Antes de cerrar, Soledad Garcés invita a revisar los recursos gratuitos disponibles en convivenciadigital.cl, que incluyen videos, orientaciones y respuestas a dudas frecuentes sobre esta nueva regulación.