Según datos recientes, entre 2022 y 2026 el financiamiento destinado a gratuidad universitaria ha crecido un 32%, mientras que los recursos para educación parvularia y escolar solo un 30% en una década. “Tenemos un sistema que invierte más en la etapa final del proceso formativo que en los primeros años, cuando la evidencia muestra que el impacto en el aprendizaje es mayor”, señala Arzola.

La especialista también advierte que los recursos destinados a la reactivación educativa y asistencia escolar siguen siendo insuficientes. “No hay una política sólida para enfrentar la deserción ni la baja asistencia postpandemia. Los programas que existían tuvieron una ejecución mínima y no están mostrando resultados significativos”, explica. Aunque las cifras muestran una leve mejora en asistencia respecto de 2024, el país continúa bajo los niveles previos a la pandemia.

A esto se suma la preocupación por la reducción de recursos en subvenciones escolares, justo cuando la reforma previsional aumentará las cotizaciones que los colegios deben pagar por sus profesores. “Es una tormenta perfecta: más obligaciones y menos margen presupuestario”, advierte Arzola.  

Demasiadas exigencias, pocos recursos

Uno de los principales problemas, dice, es que las exigencias hacia los colegios han crecido mucho más rápido que los apoyos. “Se piden más informes, más planes, más protocolos… pero no hay un correlato en financiamiento ni en autonomía para gestionar esos recursos. Lo que necesitamos es racionalizar la burocracia y devolver el tiempo a los directivos y docentes para centrarse en el aprendizaje”, enfatiza.

Este diagnóstico coincide con lo que diversos directores han planteado: el exceso de trámites administrativos les impide ejercer su liderazgo pedagógico. “Muchos directores pasan más tiempo respondiendo requerimientos de la Superintendencia de Educación que acompañando a sus equipos o entrando a clases”, comenta.  

La urgencia de atraer y retener a buenos profesores

Otro desafío crítico es el ingreso a las carreras de pedagogía. En 2026 deberían regir criterios más exigentes, con un puntaje de corte que sube de 505 a 625 puntos. Sin embargo, varias facultades advierten que esto podría dejar vacantes sin llenar. Para Arzola, el debate está mal enfocado: “El problema no es si los puntajes son altos o bajos, sino cómo aseguramos calidad en la formación. No se trata solo de cantidad, sino de contar con docentes idóneos y bien preparados”.

Estudios recientes muestran que apenas un 6% de las horas de clase en Chile no son impartidas por docentes calificados, lo que sugiere que la escasez no es numérica, sino de calidad. “Más que relajar estándares, hay que fortalecer las condiciones para atraer y retener a los buenos profesores”, sostiene.

Los datos de la encuesta TALIS 2024 son claros: muchos docentes jóvenes, menores de 30 años, planean abandonar la profesión antes de cumplir cinco años de ejercicio. Las causas: sobrecarga, bajos incentivos y pérdida de autoridad. “Tenemos una carrera docente que mejoró los sueldos, pero que no premia el desempeño ni reconoce a quienes enseñan en contextos más vulnerables”, explica Arzola. “Eso debe cambiar si queremos mantener a los mejores en las aulas".

El peso de la burocracia

El exceso de normativas y circulares es otro de los factores que asfixian a los colegios. “No me refiero solo a leyes, sino a toda la maraña de decretos y oficios intermedios que terminan exigiendo evidencias de cada acción”, precisa. Esa lógica, agrega, “ha deshumanizado el trabajo directivo y docente, porque obliga a demostrar cumplimiento antes que resultados”.  

Para muchos sostenedores y líderes escolares, esta situación erosiona el sentido pedagógico. Los directores, en lugar de liderar comunidades de aprendizaje, deben garantizar que cada procedimiento esté documentado. “Es urgente simplificar la normativa, eliminar redundancias y confiar más en la autonomía profesional de los equipos educativos”, propone María Paz Arzola.