Pensar la convivencia escolar como un proceso pedagógico, preventivo y centrado en las relaciones es el principal cambio que introduce la nueva Ley de Convivencia Escolar, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Así lo explica Viviana Hojman, directora ejecutiva de Valoras UC, quien advierte que el espíritu de la normativa apunta a transformar la forma en que las escuelas comprenden y gestionan los conflictos. “El foco deja de estar puesto únicamente en la falta y la sanción, para avanzar hacia una mirada formativa que promueva el aprendizaje, la resolución pacífica de los problemas y el cuidado del bienestar de todos los actores de la comunidad educativa”.

La recientemente aprobada ley reconoce explícitamente que la convivencia no se reduce a un conjunto de protocolos para actuar cuando ya ocurrió un problema, sino que constituye un eje central del proyecto educativo. En ese sentido, uno de sus aportes más relevantes es instalar la idea de que las relaciones, el buen trato y la convivencia se aprenden y, por lo tanto, deben enseñarse de manera intencionada. Esto implica comprender que tanto estudiantes como adultos están en proceso de aprendizaje, y que el rol de la escuela no es solo sancionar conductas, sino generar condiciones que permitan comprenderlas, prevenirlas y abordarlas de forma pedagógica, dentro de un marco coherente y compartido.

 La nueva Ley 21.809 invita a un cambio de mentalidad: comprender la convivencia escolar como una condición esencial para aprender y desarrollarse, y no solo como un problema que debe ser controlado. Su éxito dependerá de que los distintos niveles del sistema educativo logren leerla como una oportunidad para fortalecer los vínculos y promover el bienestar de la comunidad educativa”, explica Viviana Hojman, directora ejecutiva de Valoras UC. 

Desde esta perspectiva, explica Viviana Hojman, “la ley busca revertir un fenómeno que ha marcado a las comunidades educativas en los últimos años: la creciente judicialización de los vínculos escolares. La presión por cumplir con reportes, protocolos y exigencias formales ha llevado a que muchas veces la gestión de la convivencia se viva como una administración permanente de crisis, más que como un proceso educativo continuo”. El nuevo marco normativo propone, en cambio, poner en el centro el aprendizaje socioemocional, el fortalecimiento de las relaciones y la construcción de acuerdos compartidos al interior de las comunidades escolares.

Las diferencias a tener en cuenta

 En términos concretos, la normativa mantiene la existencia de reglamentos internos y planes de gestión de la convivencia, pero introduce un cambio sustantivo en su enfoque. “Estos instrumentos deben dejar de ser exclusivamente normativos para transformarse en herramientas pedagógicas vivas, conocidas y compartidas por la comunidad. Frente a una falta, por ejemplo, la pregunta ya no debiera centrarse solo en la sanción, sino también en las causas que la originan, diferenciando si se trata de desconocimiento de la norma, desacuerdo con ella o dificultades propias del proceso formativo de los estudiantes”, señala la directora ejecutiva de Valoras UC.

La ley refuerza además el carácter preventivo de la convivencia escolar, obligando a los establecimientos a desarrollar estrategias promocionales que fortalezcan habilidades socioemocionales, el buen trato y el cuidado mutuo antes de que emerjan situaciones de violencia, acoso o discriminación. Este enfoque reconoce que no basta con reaccionar cuando el conflicto ya está instalado, sino que es necesario generar condiciones permanentes que favorezcan un clima propicio para el aprendizaje y el bienestar, tanto dentro como fuera de la sala de clases.

Otro aspecto relevante es el reconocimiento explícito de la autoridad pedagógica y de la carga emocional y psicosocial que enfrentan los docentes y equipos educativos. “Este punto abre una línea de trabajo orientada al cuidado de los adultos del sistema, entendiendo que su bienestar es una condición indispensable para sostener comunidades educativas sanas. En este marco, se establece la figura del coordinador de convivencia con dedicación exclusiva, un rol que busca dejar atrás la lógica de ‘apagar incendios’ para asumir una función articuladora, preventiva y pedagógica al interior de los establecimientos”, explica Viviana.

La implementación de esta ley no está exenta de desafíos. Uno de los principales riesgos es que su aplicación derive en una nueva capa de burocracia, sumando exigencias, documentos y controles que terminen por agobiar aún más a las escuelas. Para evitarlo, se enfatiza la importancia de una fiscalización que observe la gestión de la convivencia de manera sistémica, más que como una lista de chequeo de acciones aisladas. La clave estará en evaluar cómo las escuelas se hacen cargo integralmente de la convivencia y el bienestar, considerando su contexto y realidad particular.

Tres recomendaciones para avanzar en una convivencia formativa

1. Instalar ciclos breves de mejora.

Trabajar la convivencia mediante ciclos cortos de indagación, acción y ajuste (por ejemplo, mensuales) permite aprender de la experiencia y avanzar paso a paso, sin sobrecargar a los equipos. 

2. Actuar en distintos niveles del sistema.

La convivencia se construye simultáneamente entre estudiantes, docentes y equipos directivos. Desarrollar acciones coordinadas en estos niveles permite generar cambios más coherentes y sostenibles. Ejemplo: mientras los estudiantes trabajan una norma del reglamento, los docentes revisan una práctica que afecta su bienestar –como el uso de la sala de profesores– y el equipo directivo analiza cómo está abordando situaciones recurrentes de conflicto.

3. Comenzar con acciones simples y concretas.

Ejemplo: acordar una forma clara de recibir a apoderados que llegan sin cita, probarla durante algunas semanas y luego revisarla en equipo para mejorarla.