Así lo señala una investigación de la Fundación Jaime Guzmán y de Libertad y Desarrollo, que considera que esta cifra representa una discriminación a las miles de familias que optaron por instituciones subvencionadas y que por el sólo hecho de no matricular a sus hijos en escuelas estatales -independiente del nivel socioeconómico y de excelencia del establecimiento- reciben menos recursos por parte del Estado.

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