Pongamos un ejemplo. Una profesora reenvía por WhatsApp un informe psicopedagógico al grupo equivocado. Un apoderado solicita acceder a los antecedentes disciplinarios de otro estudiante. O el encargado de convivencia comparte los detalles de una denuncia con más personas de las estrictamente necesarias.

Ninguna de estas situaciones parece extraordinaria. Sin embargo, cualquiera de ellas puede derivar en una infracción normativa, una fiscalización y una multa descontada directamente de la subvención. No porque el colegio haya actuado de mala fe, sino porque nadie ordenó los procesos a tiempo.

Por Juan Eduardo Estay
Abogado, especialista en regulación educacional y compliance.

El 25 de mayo de 2026 se publicó la Ley N.° 21.819, que refuerza los mecanismos de fiscalización y accountability para todo el sistema subvencionado. Sus reglamentos aún se encuentran en elaboración. A ello se suma que, a partir del 1 de diciembre de 2026, la Agencia de Protección de Datos Personales comenzará a fiscalizar a los establecimientos educacionales con un estándar aún más exigente. Ya no bastará con cumplir formalmente la normativa; será necesario demostrar que los riesgos se gestionan mediante modelos de prevención efectivos.

¿Qué es el Compliance Educacional?

Más que un conjunto de normas, el Compliance Educacional es una forma de gestionar el establecimiento. Su propósito es identificar los riesgos antes de que se transformen en conflictos sancionables, ordenar procesos, definir responsabilidades y entregar seguridad a quienes trabajan y conviven en la comunidad educativa.

Además, cumple una función que muchos directores aún no dimensionan: proteger la autonomía y el proyecto educativo del colegio frente a un entorno regulatorio que avanza con rapidez y que, en ocasiones, incorpora exigencias cuya legitimidad jurídica es discutible.

Un caso concreto

Mediante la Resolución Exenta N.° 2020/PA/13/2780, la Superintendencia de Educación sancionó a un establecimiento por no resguardar la confidencialidad de antecedentes sensibles de un estudiante, afectando su integridad psicológica y su derecho a la vida privada. La sanción consistió en la privación temporal del 3% de la subvención general durante cuatro meses.

Situaciones similares ocurren todos los días en muchos colegios sin que nadie las perciba como un riesgo. Hasta que llega la fiscalización. Y hay un aspecto que pocos conocen: no toda sanción que se notifica es necesariamente firme. Un procedimiento iniciado fuera de los plazos establecidos por la Ley N.° 20.529 puede ser jurídicamente impugnable.

Las preguntas que todo equipo directivo debería poder responder hoy: ¿quién puede acceder a información sensible de los estudiantes y cómo está regulado ese acceso? ¿Los protocolos reflejan la normativa vigente al 2026? ¿El equipo sabe cómo actuar —y cómo documentar sus actuaciones— frente a una denuncia o una fiscalización? ¿Los recursos SEP cuentan con respaldo documental suficiente para enfrentar una auditoría?

Si alguna de estas preguntas genera incertidumbre, probablemente el establecimiento aún no ha revisado su situación normativa con la profundidad e integralidad que hoy se requiere.