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Regístrate y accede a la revistaConversamos con Magdalena Plant, jefa de la División de Educación General del Mineduc, sobre los alcances de la nueva ley y los desafíos en convivencia escolar. Según explica, el cambio más sustantivo de la normativa “es de lógica: pasamos de preguntarnos cómo sancionar la falta a qué necesita aprender este estudiante”.
En palabras de la jefa de la División de Educación General (DEG) del Mineduc, Magdalena Plant, construir una verdadera cultura escolar requiere liderazgo intencionado desde la dirección. Esto implica que los equipos acuerden cómo quieren que sea la convivencia en su establecimiento y que esa visión se exprese en todos los espacios: en las prácticas de aula, en el cuidado de los recreos, en las reuniones con apoderados y en los consejos de profesores. “A esto se suma un cambio clave: que el Plan de Gestión de Convivencia deje de ser un documento administrativo y pase a convertirse en una guía concreta que oriente el trabajo cotidiano del equipo directivo”.
-La Ley 21.809 propone un giro desde un enfoque sancionatorio hacia uno formativo. ¿Qué implica concretamente este cambio para las prácticas cotidianas en los establecimientos educativos?
-La ministra Arzola ha sido clara en que el foco de esta administración es poner el Ministerio al servicio de la educación y de los aprendizajes, y eso se expresa también aquí: la convivencia no es un fin en sí mismo, es la condición que hace posible que los aprendizajes ocurran. En la práctica cotidiana, cada situación conflictiva deja de ser solo un problema disciplinario y se convierte en una oportunidad pedagógica. Los equipos educativos deben estar preparados para responder con herramientas formativas –conversaciones reparadoras, mediación–. Y por supuesto que también debe haber sanciones en casos que corresponda. Desde el Ministerio sabemos que docentes y equipos directivos actualmente no cuentan con las herramientas necesarias para ejercer autoridad pedagógica; en ese sentido, la Ley de Escuelas Protegidas contiene un artículo que apunta directamente a ese objetivo.
-Desde la política y la ley se plantea que la convivencia no es espontánea, sino que se enseña y se aprende. ¿Cómo se traduce este principio en el trabajo pedagógico dentro del aula? ¿Qué significa entender la convivencia como una responsabilidad pedagógica explícita de docentes y equipos educativos?
-Que la convivencia se enseña y se aprende no es una metáfora: es una afirmación sobre el rol profesional de los docentes. Igual que se planifica cómo enseñar a leer o a resolver ecuaciones, se debe planificar cómo trabajar habilidades de relación, resolución de conflictos y participación. Esto tiene traducción directa en el aula: en cómo se organizan los grupos, cómo se gestionan los conflictos entre pares, cómo se modelan las interacciones.
No basta con decir ‘pórtese bien’ o ‘sea respetuoso’, es necesario explicitar qué entendemos por esas actitudes: saludar en las mañanas, dar las gracias, seguir las indicaciones del profesor cuando estamos realizando una actividad, compartir la pelota en el patio. La cultura se construye cada día en acciones simples pero consistentes.
El subsecretario Daniel Rodríguez ha planteado que el aprendizaje es un proceso esencialmente afectivo y que no puede ocurrir en ambientes de amenaza. Eso significa que cuando trabajamos convivencia, estamos trabajando directamente por los aprendizajes fundamentales.
-La convivencia se define como un proceso transversal a toda la vida escolar. ¿Cómo se puede trabajar efectivamente más allá de una asignatura o espacio específico?
-La convivencia no puede quedar encapsulada en una hora de orientación a la semana. Ocurre en el recreo, en el comedor, en los pasillos, en cómo el inspector del establecimiento recibe al estudiante que llega temprano y también al que lo hace tarde. Por eso el trabajo efectivo requiere acuerdos de toda la comunidad escolar sobre normas, lenguajes y formas de relacionarse. Lo que más contribuye a una convivencia respetuosa es que el establecimiento tenga una cultura escolar coherente: que los adultos modelen lo que esperan de los estudiantes, que los protocolos sean conocidos y aplicados con consistencia.
-La ley pone énfasis en transformar las interacciones cotidianas. ¿Qué cambios concretos se requieren en la cultura escolar para avanzar en esta dirección?
-El primer cambio es que los adultos del establecimiento asuman que ellos son los principales modeladores de la convivencia. Todo establecimiento tiene una cultura, y en ese sentido es relevante apoyar para que los directivos escolares, en equipo con los equipos docentes, gestionen la cultura que quieren implementar y que sea acorde con su proyecto pedagógico.
Igual que se planifica cómo enseñar a leer o a resolver ecuaciones, se debe planificar cómo trabajar habilidades de relación, resolución de conflictos y participación. Esto tiene traducción directa en el aula: en cómo se organizan los grupos, cómo se gestionan los conflictos entre pares, cómo se modelan las interacciones.
El subsecretario Rodríguez ha destacado la necesidad de que los directores cuenten con más tiempo y atribuciones para poder ser los líderes pedagógicos que el sistema requiere. Eso es exactamente lo que se necesita para construir cultura escolar: directores que lideren con intencionalidad, que acuerden con sus equipos cómo quieren que sea la convivencia en ese establecimiento, y que eso esté presente en las prácticas de aula, en el cuidado de los recreos, en las reuniones con apoderados, en los consejos de profesores. Un segundo cambio crítico: que el Plan de Gestión de Convivencia deje de ser un documento administrativo y se convierta en la hoja de ruta que el equipo directivo usa para conducir el trabajo cotidiano.
-¿Cómo pueden los establecimientos pasar de una lógica reactiva frente a conflictos a una gestión preventiva de la convivencia?
-La prevención requiere diagnóstico. Los establecimientos necesitan conocer su realidad de convivencia con datos, no solo esperar que algo ocurra para actuar. El subsecretario Rodríguez ha advertido que los ambientes violentos donde el estudiante se siente inseguro, presionado o discriminado afectan directamente el rendimiento escolar, y por eso la prevención no es un tema de seguridad separado de los aprendizajes: es parte del mismo proyecto pedagógico. La gestión preventiva depende de que el equipo directivo instale rutinas que permitan implementar la cultura que queremos, que se transmita claramente a los estudiantes qué esperamos que hagan para una cultura de respeto. No basta con decir “pórtese bien” o “sea respetuoso”, es necesario explicitar qué entendemos por esas actitudes: saludar en las mañanas, dar las gracias, seguir las indicaciones del profesor cuando estamos realizando una actividad, compartir la pelota en el patio. La cultura se construye cada día en acciones simples pero consistentes.
Las nuevas modificaciones
-¿Qué cambios relevantes introduce la ley en el plan de gestión de la convivencia educativa y cuáles son sus nuevos focos? ¿Qué aspectos deben actualizarse en los reglamentos internos para alinearse con el enfoque formativo?
-La ley introduce cambios sustantivos en ambos instrumentos. El Plan de Gestión de Convivencia Educativa debe articularse explícitamente con el proyecto educativo del establecimiento y tener carácter formativo, no solo regulatorio. Debe incluir acciones de promoción y prevención. En cuanto al Reglamento Interno, los establecimientos deben revisarlo para asegurarse de que las sanciones estén acompañadas de medidas formativas y que los procedimientos garanticen el debido proceso.
-La ley incorpora el bienestar socioemocional como un eje clave. ¿Cómo se vincula este aspecto con la convivencia y los aprendizajes? ¿Qué rol cumplen estudiantes, familias y equipos educativos en la construcción de una convivencia formativa según la nueva normativa?
-Estos elementos no son independientes: se sostienen mutuamente. El subsecretario Rodríguez ha sido enfático en que el aprendizaje es un proceso esencialmente afectivo que no puede ocurrir bajo amenaza o en entornos donde los estudiantes se sienten inseguros o discriminados. El rol de los equipos educativos es potenciar ese ambiente. El de las familias es ser aliadas en ese proceso –y la ley las reconoce con responsabilidades concretas–. El de los estudiantes es creciente: la ley promueve su participación activa en la construcción de una cultura escolar respetuosa y positiva. En ese sentido, hay muchos establecimientos que ya están haciendo un excelente trabajo de construcción de cultura escolar; la semana pasada visitamos uno en Bajos de Mena con la ministra Arzola, desde la DEG iremos mostrándolos y difundiendo estas buenas prácticas.
-La ley establece la existencia de equipos de convivencia con un coordinador. ¿Qué desafíos implica esta nueva estructura para los establecimientos?
-Contar con un coordinador de convivencia con dedicación explícita es un avance significativo, pero también un desafío real para muchos establecimientos. En primer lugar, porque la ley no incluye recursos para que ello ocurra. Pero incluso en los establecimientos que ya cuentan con un profesional de dedicación exclusiva al cargo, el riesgo es que sea el único que fomenta una buena convivencia. Para que funcione bien, el coordinador necesita respaldo del equipo directivo y articulación con los docentes. El subsecretario Rodríguez ha destacado la necesidad de desburocratizar el sistema escolar, permitiendo que los directores tengan más tiempo y atribuciones para ejercer el liderazgo pedagógico que se les requiere. Eso aplica directamente al equipo de convivencia: si el director y el coordinador de convivencia están abocados a la gestión administrativa y burocrática (como ocurre hoy), no pueden liderar el trabajo formativo. Desde el Ministerio estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Educación para avanzar en la simplificación de procesos y la eliminación de trabas burocráticas que hoy quitan tiempo a los equipos para hacer lo que realmente importa.
La Ley de Escuelas Protegidas y la Ley 21.809 no son iniciativas paralelas ni contradictorias: responden a una misma convicción de fondo, que es que el aprendizaje requiere un entorno seguro. No hay formación posible en un ambiente de miedo o violencia normalizada. La ministra Arzola ha señalado que la Ley de Escuelas Protegidas busca responder urgentemente a la demanda de las comunidades por mayor seguridad, y desde la DEG entendemos eso como la condición mínima para que el trabajo formativo pueda desplegarse. Seguridad y formación no son opciones alternativas: la seguridad crea el piso desde el cual la convivencia formativa es posible.
El aporte más concreto (Escuelas Protegidas) es la instalación de capacidad institucional para responder. Muchos establecimientos no tienen atribuciones para evitar que la violencia ingrese al colegio. Esto les da herramientas, pero es la escuela la que debe decidir si implementar las medidas o no. La ministra Arzola ha declarado que el sello de esta gestión es ser facilitadores y aliados en la entrega de educación de calidad, y eso es exactamente lo que hacemos cuando protegemos a la comunidad educativa: creamos las condiciones para que los aprendizajes fundamentales puedan ocurrir.
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