En medio de un escenario marcado por hechos recientes de violencia en establecimientos educacionales —como el homicidio de una inspectora en Calama o ataques dentro de liceos en Santiago—, el debate sobre cómo enfrentar la seguridad en las escuelas ha vuelto a instalarse con fuerza. En este contexto, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca reforzar el orden en los colegios, incluyendo medidas como la revisión de mochilas y una mayor intervención de fuerzas policiales.

En conversación con el podcast Educar Conectados de Grupo Educar, Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), valoró la intención de avanzar en mayor seguridad, pero planteó la necesidad de mirar el fenómeno de manera más amplia.

“Vamos a apoyar todas las medidas que estén en la línea de mejorar la seguridad y la convivencia en nuestras unidades educativas”, afirmó, aunque advirtió que el problema no se origina en la escuela. “La violencia no es de la escuela, no se genera en la escuela. Vivimos en una sociedad tremendamente agresiva y esa violencia entra al colegio”, señaló.

Más allá del control: una mirada integral

Desde la FIDE plantean que centrar las soluciones únicamente en el espacio escolar puede ser insuficiente. A juicio de Díaz, el proyecto “queda corto” si no incorpora factores sociales, familiares y culturales que inciden en la convivencia.

Asimismo, subrayó la importancia de resguardar los derechos de los estudiantes al implementar medidas de control. “Vamos a apoyar estas medidas siempre que no vulneren los derechos de los estudiantes”, indicó, advirtiendo sobre los riesgos de aplicar acciones como la revisión de mochilas solo por sospecha.

Otro punto crítico es el rol de los docentes. El dirigente cuestionó quién asumiría tareas como la fiscalización, considerando que los profesores ya enfrentan situaciones de violencia. “Ese mismo profesor puede sufrir consecuencias fuera del colegio, ser amenazado o agredido”, advirtió.

Medidas disuasivas y desafíos de implementación

Respecto a iniciativas como los detectores de metales, Díaz señaló que pueden tener un efecto disuasivo, destacando experiencias donde su implementación redujo significativamente incidentes con armas blancas. Sin embargo, insistió en que deben aplicarse bajo protocolos claros y sin exponer a los docentes.

También advirtió sobre la falta de financiamiento para implementar estas medidas, lo que podría generar desigualdades entre establecimientos.

El rol de los docentes y la convivencia

El presidente de la FIDE valoró que el proyecto de ley contemple mayores atribuciones para los establecimientos y sanciones frente a faltas graves, así como avances en la reciente ley de convivencia escolar, que establece, por ejemplo, la obligatoriedad de contar con un encargado de convivencia a tiempo completo.

No obstante, enfatizó la necesidad de recuperar el respeto hacia los educadores y fortalecer su rol en la comunidad. “Tenemos que cuidar a los profesores, no solo desde lo económico, sino también desde la seguridad y la autoridad”, señaló, advirtiendo además sobre la salida de más de 23 mil docentes del sistema en los últimos años.

Familia y salud mental: claves del problema

Uno de los puntos más relevantes del análisis apunta a factores estructurales, como la relación entre familia y escuela y el deterioro de la salud mental en estudiantes.

Díaz insistió en que el trabajo con las familias sigue siendo fundamental, aun en un contexto de diversidad de estructuras familiares. Sin embargo, reconoció las dificultades actuales para generar vínculos, debido a las condiciones sociales y laborales.

En esa línea, destacó que la salud mental es un factor clave para abordar la violencia escolar. “Hay un problema muy grave de salud mental en nuestro país, en los jóvenes y también en los adultos”, afirmó, señalando que muchas situaciones de violencia no se resolverían solo con medidas de control.

Un desafío de largo plazo

Finalmente, el llamado es a evitar decisiones impulsadas solo por la contingencia. Desde la FIDE advierten que las políticas educativas deben construirse con una mirada de largo plazo, que trascienda los gobiernos y combine seguridad, formación y acompañamiento.

“El desafío es que estas medidas no respondan solo a un momento de conmoción, sino que realmente aporten a mejorar la convivencia, el aprendizaje y el bienestar de las comunidades educativas”, concluyó Díaz.