Pensar la convivencia escolar como un proceso pedagógico, preventivo y centrado en las relaciones es uno de los principales cambios que introduce esta normativa. Así lo explica Viviana Hojman, directora ejecutiva de Valoras UC, quien señala que el objetivo es avanzar hacia una mirada formativa que promueva la resolución pacífica de los conflictos y el desarrollo socioemocional de estudiantes y adultos.

Uno de los aportes más relevantes de la ley es reconocer que la convivencia no se limita a la aplicación de protocolos frente a situaciones de conflicto, sino que constituye un eje central del proyecto educativo. En este sentido, instala la idea de que el buen trato y las relaciones se aprenden y, por lo tanto, deben enseñarse de manera intencionada.

Este cambio de enfoque busca revertir la creciente judicialización de los vínculos escolares. En los últimos años, la presión por cumplir con exigencias formales ha llevado a que muchas comunidades gestionen la convivencia como una sucesión de crisis, más que como un proceso educativo continuo. La nueva normativa propone, en cambio, fortalecer el aprendizaje socioemocional y la construcción de acuerdos compartidos.

Un enfoque preventivo y pedagógico

En términos concretos, la ley mantiene instrumentos como los reglamentos internos y los planes de gestión, pero redefine su sentido: estos deben transformarse en herramientas pedagógicas vivas, conocidas por toda la comunidad.

Frente a una falta, la mirada ya no se limita a sancionar, sino que busca comprender sus causas, diferenciando si responde al desconocimiento de la norma, al desacuerdo con ella o a dificultades propias del proceso formativo.

Además, se refuerza el carácter preventivo de la convivencia escolar, promoviendo estrategias que fortalezcan habilidades socioemocionales y el cuidado mutuo antes de que surjan conflictos.

El rol de los docentes y los desafíos

Otro aspecto relevante es el reconocimiento de la autoridad pedagógica y del desgaste emocional que enfrentan los equipos educativos. En este contexto, la ley incorpora la figura del coordinador de convivencia con dedicación exclusiva, con un rol articulador y preventivo al interior de los establecimientos.

Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos. Uno de los principales riesgos es que se traduzca en mayores exigencias administrativas. Para evitarlo, se plantea la necesidad de una evaluación que observe la convivencia de manera integral y contextualizada, más que como una lista de cumplimiento.

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